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Zaragoza como la Ciudad de las Oportunidades. Bajo esta idea el Gobierno municipal acaba de aprobar el proyecto de ordenanza Sandbox, o lo que es lo mismo, que la capital aragonesa crea un marco regulatorio para el desarrollo de iniciativas empresariales innovadoras en el que la escena urbana es el marco de desarrollo real para probar el desarrollo de nuevos productos y servicios con el fin de obtener éxito en el mercado.

El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha sido el encargado de presentar esta nueva ordenanza que el jueves será aprobada por el Gobierno de Zaragoza con el objetivo de "atraer y fomentar la innovación y la iniciativa empresarial, involucrando a los agentes del ecosistema de innovación; así como contribuir al posicionamiento estratégico global de Zaragoza como ciudad impulsora de la innovación y la captación de talento". "Tenemos muchos retos a los que hacer frente y la Sandbox puede ser un instrumento para darles una solución", ha explicado el consejero, quien ha resaltado que Zaragoza se convierte en una de las primeras ciudades de España en regular, además de alinearse con la Nueva Agenda Europea de Innovación para el fomento de la puesta en marcha de espacios controlados de pruebas y experimentación.

Una alfombra roja que Lorén ha asegurado es "muy necesaria" puesto que la innovación, el desarrollo y la investigación para la obtención de nuevos o mejores productos, soluciones o servicios precisan de campos de pruebas en los que validar sus resultados antes de llegar al mercado.

Pero la ordenanza Sandbox tiene un doble objetivo, tal y como ha aseverado el consejero, ya que también sirve para "proyectar a Zaragoza hacia el exterior con el ánimo de dar a conocer sus condiciones favorables para el desarrollo de soluciones innovadoras con carácter previo al acceso a mercado".

El consejero Lorén ha destacado que Zaragoza es una "ciudad muy atractiva para la innovación" y muestra de ello es que antes de la Sandbox se han probado autobuses y tranvías autónomos, robots para reparto o el puerto de drones para uso de transporte de mercancías. "Si conseguimos atraer esas ideas sin una ordenanza, esta normativa va a ser un faro para las empresas", ha aseverado, mientras ha destacado la importancia que tiene para la creación de empleo para la ciudad.

Proyectos de interés para la ciudad

La ordenanza es de aplicación a los entornos controlados de pruebas del Ayuntamiento de Zaragoza, y también a los que se promuevan en el seno de sus organismos públicos, sociedades, fundaciones y de entidades contratistas y concesionarias de servicios públicos.

Los proyectos que se desarrollen en el marco de un espacio controlado de pruebas tendrán la consideración de proyectos de interés general para la ciudad, debido a que están dirigidos a la búsqueda de nuevas soluciones o funcionalidades que no existen actualmente en el mercado y que podrían mejorar los servicios municipales o el desarrollo económico, social y medioambiental de la capital. Esto reducirá toda la burocracia hasta el punto de conseguir que el plazo máximo de implantación sea de 3 meses.

El Ayuntamiento de Zaragoza podrá emplear la información de las pruebas con el fin de introducir posibles modificaciones y actualizaciones del ordenamiento jurídico local que permitan el desarrollo e implantación definitiva de los resultados derivados de las pruebas realizadas.

Asimismo, podrá adquirir los productos, soluciones o servicios resultantes de las pruebas, así como tener un retorno económico que podría ser de hasta un 10% que se valorará siempre teniendo en cuenta el tipo de proyecto y de empresa.

Ordenanza de las garantías

La ordenanza cumplirá con los principios de buena regulación exigidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respecto a los principios de necesidad y eficacia, el entorno controlado de pruebas constituye una herramienta esencial para promover la innovación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por otra parte, la norma también cumple con el principio de proporcionalidad, al establecer únicamente las cargas o restricciones necesarias para el correcto funcionamiento del entorno controlado de pruebas y la garantía de los derechos y la seguridad de participantes y de terceros.

En cuanto al principio de seguridad jurídica, se regula el régimen de los entornos controlados de pruebas, determinando el procedimiento administrativo aplicable a los proyectos que ingresen en él, con plena garantía de los derechos y la seguridad de participantes y de terceros. Las cargas administrativas que se establecen para los promotores de los entornos regulados de pruebas son las mínimas e imprescindibles y se aplican con proporcionalidad para proteger a las personas, los animales y los bienes, públicos o privados, y el medio ambiente.