12 diciembre 2011

El Gobierno quiere introducir criterios de progresividad en las tarifas del transporte urbano

El coste del servicio superará en 2012 los 113 millones de euros, lo que implicaría, si no se revisan tanto esos costes como las tarifas, una subvención anual al transporte público de más de 60 millones de euros Se propone mantener el precio del abono mensual para ingresos inferiores a 15.000 euros anuales y una reducción del 25%, también en los abonos mensuales, para los hijos de entre 5 a 14 años de estos beneficiarios
Zaragoza, lunes, 12 de diciembre de 2011.- El Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza tiene, como objetivo fundamental de cara al diseño de las tarifas del transporte público del año 2012, la reducción del déficit que ocasiona este servicio en 18 millones de euros. Entre las medidas que ha propuesto destaca la introducción del concepto de progresividad en algún título de transporte, de manera que se beneficie a los usuarios con menos ingresos. El coste total previsto en 2012 para el servicio de transporte urbano de Zaragoza superará los 113 millones de euros. Si se mantuvieran las tarifas actuales, con un similar número de viajeros, la recaudación por venta de billetes sería de unos 53 millones de euros. Eso implicaría una subvención municipal al transporte superior a los 60 millones de euros. En estos momentos, dada la escasez de ingresos y los graves problemas económicos y financieros que sufre la sociedad en general (y a los que no es ajeno el Ayuntamiento de Zaragoza), ese volumen de subvención de 60 millones de euros es absolutamente inasumible. El Gobierno plantea la reducción de dicha subvención en 18 millones de euros, lo que, en consecuencia, dejaría el importe máximo de la misma en unos 42 millones de euros. En ese contexto, se han realizado una serie propuestas y medidas que, actualmente, son objeto de negociación. La fecha límite para recibir aportaciones por parte del resto de grupos será el próximo miércoles, cuando el Gobierno deberá aprobar las tarifas de 2012 de manera que puedan empezar a aplicarse el día 1 de enero próximo. Esas medidas se basan en la aplicación de distintos elementos, entre otros: - Reducción del coste real a pagar a las empresas concesionarias. Este objetivo se lograría tanto por la disminución en el número de kilómetros recorridos (sin alterar sustancialmente la calidad del servicio) como en la reducción del beneficio industrial de las contratas. - Mantenimiento de los 60 minutos de transbordo gratuito. Se eliminaría, sin embargo, esa gratuidad para los viajes de ida y vuelta en la misma línea. - Modificación de criterios de bonificación y gratuidad, haciéndolos más justos e introduciendo criterios de progresividad en relación con los ingresos económicos reales de los usuarios. Este criterio se aplicaría, por ejemplo, a los jubilados que dispongan de ingresos suplementarios más allá de los propios de su pensión y superen, así, los límites actualmente exigidos. - Modificación de tarifas garantizando, sin embargo, que habrá algún título de transporte que no implicará incremento de coste para los usuarios habituales del transporte público cuyo nivel de renta no supere los 15.000 euros. Inicialmente se ha decidido introducir este beneficio en los abonos mensuales. Además, los hijos de entre 5 y 14 años de las personas que se beneficien de esta tarifa también tendrán un 25% de descuento (aplicable también al abono mensual). Se destaca que la aplicación de estos criterios de progresividad en función de criterios de renta en las tarifas del transporte público suponen un importante avance que es pionero en nuestro país.